En una decisión histórica, la Corte Suprema de los EE.UU. dictaminó que los aranceles que el presidente Donald Trump ha utilizado en su política comercial exterior eran ilegales porque no contaban con la aprobación del Congreso. Por una votación de 6 a 3, el máximo tribunal sentenció que el presidente no puede imponer impuestos a las importaciones sin mandato legislativo.
Trump respondió con dureza. Afirmó que le avergüenza que la Corte no haya tenido “el coraje de hacer lo mejor para el país” y anunció que ya cuenta con recursos legales para intentar continuar con sus políticas comerciales. Además, reveló un nuevo arancel global del 10% que, según él, se aplicará sobre todas las importaciones.
¿Qué significa la decisión y quién la apoyó?
Empresas de EE.UU. afectadas por las políticas arancelarias presentaron la demanda contra la administración Trump alegando que sus negocios habían sufrido pérdidas por los impuestos aplicados sin base legal clara. La decisión de la Corte Suprema es vista como una victoria para esas compañías, aunque las repercusiones legales y comerciales probablemente se extenderán durante años.
A pesar del fallo, no se espera un cambio inmediato en sectores como el acero, el aluminio, la madera y la automoción. Esto se debe a que los aranceles en esas áreas se establecieron en 1962 bajo el Artículo 132 de la Ley de Expansión Comercial de 1962, que sigue siendo válido y permite ciertas medidas arancelarias sin aprobación directa del Congreso.
La derrota de Trump
Según se informa, la derrota de Trump ante la Corte Suprema de EE.UU. podría ser solo el comienzo de un largo proceso judicial. El gobierno federal aún debe definir si ofrecerá reembolsos a las empresas que pagaron aranceles que ahora se consideran ilegales. Es un tema que podría generar litigios durante años en los tribunales del país.
La decisión no pasó desapercibida en el exterior. Mientras tanto, la política arancelaria de Estados Unidos entra en un terreno de incertidumbre legal y política. El fallo limita claramente la capacidad del presidente Trump para implementar este tipo de medidas sin la participación directa del Congreso de EE.UU., lo que podría cambiar la forma en que el país negocia y aplica su política comercial exterior en los próximos años.
