El gobierno de Australia va a restringir el acceso de menores de 16 años a plataformas como YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, X (ex Twitter) y Snapchat. La medida entra en vigencia a partir de diciembre de 2025 y busca proteger la salud mental y el desarrollo de los jóvenes, según declaró el primer ministro Anthony Albanese.
Un cambio que afecta a millones de usuarios jóvenes
La restricción se enfoca principalmente en impedir que menores de 16 años creen cuentas nuevas o suban contenido, algo que requiere estar registrado. Aunque los adolescentes podrán seguir viendo la mayoría de los videos en YouTube sin loguearse, ya no podrán participar de forma activa ni acceder a contenido restringido por edad.
En un principio, el gobierno australiano había decidido excluir a YouTube de estas nuevas reglas, pero cambió de posición tras una investigación de su departamento de eSeguridad. La encuesta indicó que, entre jóvenes de 10 a 15 años, YouTube fue señalada como una de las plataformas más perjudiciales por el tipo de contenido que se recomienda automáticamente.
Críticas, amenazas de juicio y apoyo público
Google, dueño de YouTube, se opone fuertemente a esta decisión. La empresa argumenta que su plataforma no es una red social y que ofrece valor educativo y cultural para los adolescentes. Incluso está evaluando iniciar acciones legales contra el gobierno australiano por considerar que la medida atenta contra las libertades políticas.
Otras plataformas como TikTok e Instagram también quedarán afectadas y deberán implementar filtros estrictos para verificar la edad de sus usuarios. Estas restricciones podrían extenderse en otros países, ya que Reino Unido y Noruega están analizando medidas similares.
La ministra australiana de Comunicaciones, Anika Wells, justificó la medida comparando la exposición de los niños a internet como «enseñarles a nadar en un océano lleno de tiburones». Agregó que apps de mensajería, plataformas educativas o de salud quedarán fuera del veto, al considerarse de menor riesgo para los jóvenes.
La decisión ya genera tensiones con las grandes tecnológicas, pero el gobierno insiste en que es un paso necesario para respaldar a las familias.
