La lucha contra los tramposos en Call of Duty volvió a escalar y esta vez cruzó un límite poco habitual. Activision Blizzard inició acciones legales contra dos creadores de trampas y, según documentos judiciales recientes, llegó incluso a comunicarse con la madre de uno de ellos para intentar frenar la distribución del software ilegal.
La historia salió a la luz gracias a un informe del sitio Aftermath, que accedió a detalles de la demanda presentada la semana pasada. El objetivo es claro. Cortar de raíz herramientas que, según la empresa, están dañando seriamente la experiencia de juego y afectando a millones de usuarios.
¿Quiénes son los acusados y qué hacían?
Los demandados son conocidos en el mundo de los tramposos como Wolfy y Noziex. Detrás de esos alias están Julian Angel Valenzuela y su socio, señalados como responsables de los trucos Zenith y Devware. Estas herramientas permitían ver a través de paredes, desbloquear todo el contenido del juego y hasta expulsar a otros jugadores de las partidas.
Según Activision Blizzard, ambos desarrollan y venden este tipo de software desde 2023. Lo más grave es que continuaron haciéndolo pese a múltiples advertencias formales, lo que terminó empujando a la compañía a llevar el caso a la Justicia.
Advertencias ignoradas y un contacto poco común
Uno de los puntos más llamativos de la demanda es que, cuando Wolfy todavía era menor de edad, los abogados de Activision Blizzard se comunicaron al menos dos veces con su madre para alertarla sobre las actividades del joven. Esa presión derivó en el cierre temporal de los servidores de Devware, pero no logró frenar el negocio.
De acuerdo con la acusación, poco después los responsables simularon vender el proyecto a otra empresa, que pasó a operar bajo el nombre Zenith. En la práctica, el cheat seguía siendo el mismo, con las mismas funciones y un nuevo envoltorio para esquivar sanciones.
Un sistema pago que se actualizaba para evadir controles
Zenith se comercializaba mediante un modelo de suscripción, con un precio cercano a los 50 dólares por trimestre. Al igual que el sistema antitrampas Ricochet, el software ilegal se actualizaba de forma constante para evitar ser detectado.
Activision Blizzard sostiene que el comportamiento de Wolfy y Noziex fue siempre el mismo. Prometían cooperación tras cada advertencia, pero seguían vendiendo el producto en paralelo.
El conflicto escaló todavía más cuando, según la demanda, los acusados orquestaron un ataque que provocó la caída de los servidores de Call of Duty Black Ops 6 y Call of Duty Modern Warfare III. Para la empresa, ese episodio fue el punto de quiebre.
Activision Blizzard asegura que estas acciones le provocaron pérdida de jugadores y la obligaron a destinar recursos adicionales a equipos dedicados exclusivamente a detectar y banear tramposos.
En la presentación judicial, la compañía solicita que Wolfy, Noziex y sus distribuidores cesen de inmediato la producción y venta del software, además de destruir todas las copias existentes. También reclama una compensación económica no revelada, que podría ser millonaria, tomando como antecedente otros casos similares.
El mensaje es directo. Para Activision Blizzard, tolerar este tipo de prácticas ya no es una opción. Y esta demanda deja en claro hasta dónde está dispuesta a llegar para proteger sus juegos.
